Por Juan Carlos Balderas Colunga
¿Cuántos actos ilegales ha cometido Usted en este día? Sí, Usted que está leyendo. En el México de hoy es cotidiano observar en todas partes esa conducta arraigada de que para conseguir algún objetivo, hay que hacer algo indebido e incluso fuera de la Ley.
¿Dónde comienza este vicio social? Eso es difícil de definir, pues aunque algunos analistas consideran que el núcleo familiar es responsable de la formación adecuada de sus integrantes, no se puede dejar de considerar el influjo social. No es que se justifique, pero en muchas ocasiones, un acto ilegal es una respuesta generada por otra ilegalidad implícitamente indultada.
Me refiero a que hay actos ilegales con los que ya aprendimos a vivir e incluso los consideramos “normales”. La generalidad de los ciudadanos cuando comete una infracción de tránsito, sabe que con una “mordida” se puede “arreglar” el problema.
De la misma manera, un empresario equis busca en los resquicios de la ley cualquier situación para sacar ventaja ante sus deberes tributarios y para con sus empleados, muchas veces esas acciones son fuera de la ley, como incluir en su contabilidad facturas apócrifas o gastos personales y no de la empresa, para reducir sus costos y quedarse con una mayor ganancia.
Conductas como estas se reproducen y se perpetúan, hacer trampa se torna en una conducta tolerada dentro de la regla. Los niños que las presencian no las conceptualizan como actos incorrectos, sino como “normales” e incluso necesarias. Esa condición es la base, el punto de partida de toda la ilegalidad y la corrupción que nos corroe, de ahí se desprende una gran cadena.
Puede ser que a nadie le importe un comino mi opinión, mas no por ello voy a dejar de decir lo que pienso de la cuestión. Creo que mis tres lectores (me parece que ahora ya son solamente dos, uno de ellos es el que siempre puntúa negativo, pero que está pendiente de leer lo que escribo), estarán de acuerdo en que un acto ilegal cualquiera, tiene de fondo el interés económico, algunas veces por necesidad, otras por ambición, pero siempre está presente esa característica que implica que unos poseen más bienes materiales, otros que tienen muy pocos y muchos más que no poseen nada. Y esto significa que la desigualdad social es generadora de la ilegalidad.
En el sistema capitalista se educa a los niños para que aspiren a acumular la mayor cantidad de bienes posibles. Se trata de tener más, sin importar que para ello haya que despojar a otros muchos que generalmente son los que menos tienen.
Pero además, el sistema capitalista crea y fomenta la desigualdad que genera la delincuencia, una de sus muchas formas de autodestrucción progresiva. Una de las formas de promover esa cultura es a través de los medios de comunicación, más específicamente de los que viven de la nota roja. No debe sorprendernos que los periódicos amarillistas, los menos profesionales, basen sus altas ventas en primeras planas con cabezas de nota como “Tantos muertos en noviembre”, acompañados de fotografías de cadáveres sangrientos, puntualmente, el día primero de cada mes.
Los valores del sistema capitalista, entonces, son los causantes de la desigualdad y en consecuencia, de la ilegalidad como forma de vida. Por un lado, el quebrantamiento de las leyes en beneficio propio, por el otro, la adecuación de la propia ley para conservar el dominio de una clase sobre otra.
La ilegalidad se puede explicar como consecuencia de la impotencia para alcanzar por los medios legales los ideales de acumulación que impone el sistema, ante la inequidad de oportunidades para todos los ciudadanos.
El ejercicio de la legalidad debe ir acompañado del sentido de la justicia y de la responsabilidad, pues como señalé más arriba, es la desigualdad social, la amplia brecha que existe entre los ricos más ricos y los pobres más necesitados. Unos que no saben a cómo gastar sus millones y otros que no saben si mañana podrán probar bocado.
Luego entonces, es necesaria una distribución equitativa de la riqueza que produce el país. Una reforma gigantesca que comience desde la dignificación de los salarios; que quienes menos emolumentos perciben por un jornal, puedan contar con un sueldo que les permita vivir de manera decorosa, sin lujos, pero tampoco con apremios.
Tal reforma debe reflejarse en el modo de vida de las personas, en su educación, en su salud, en los servicios que debe recibir del estado y que estos sean de calidad. Mientras los esfuerzos por combatir la ilegalidad se ciñan a un enfoque meramente judicial, sin atacar las causas del fenómeno, estaremos condenados al salvajismo de esta jungla, en la que los poderosos se engullen a los débiles: caldo de cultivo de un estallido social.
Recién me entero de la aprobación del registro de teléfonos celulares, como medida para detectar el origen de las llamadas de extorsionadores, chantajistas y en especial de secuestradores y operaciones de la mafia. Esto supone la instalación de tecnología en alguno de los llamados C4.
Yo no sé por qué batallan tanto, seguramente muchos de esos números telefónicos ya los tienen registrados en sus propias agendas, entre amigos, compadres, socios y de los propios funcionarios del poder judicial. Ya es un adelanto. Y sin embargo, se mueve.
Cualquier comentario sobre esta columna, puedes enviarlo al correo electrónico: jcbalderas.orbi@gmail.com
Publicado en Queo.com.mx. Culiacán, Sinaloa
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