Por Juan Carlos Balderas C.
A nadie debe causar sorpresa el hecho de que más del diez por ciento de los ciudadanos registrados en el Padrón Electoral expresen abiertamente su intención de acudir a las urnas el próximo domingo 5 de julio únicamente para anular sus respectivas boletas. Esta es una manifestación espontánea del hartazgo que tienen los mexicanos acerca de la situación económica y la incapacidad de los funcionarios de gobierno de todos los niveles por resolver los problemas más urgentes del país, pero sobre todo, los más próximos, los que el mexicano de a pie padece cada día.
La cifra cobra mayor relevancia cuando se suma al abstencionismo tradicional, que se estima superior al 60 por ciento del total de empadronados. Para que la democracia sea real, debe sostenerse con las ideas de la mayoría. Y hoy por hoy, la gran mayoría es la de los inconformes, los que no se sienten representados por nadie, que se puede predecir, de acuerdo a esto, en un 70 por ciento aproximadamente, (cifra que nunca ha alcanzado partido político alguno).
Hoy, las voces a favor del llamado “voto blanco” deberían poner a pensar a nuestros gobernantes acerca de la legitimidad de su trabajo al frente de instancias que en el papel tienen la función de propiciar el bienestar colectivo en rubros como seguridad, empleo, etc. Pero su reacción hasta ahora ha sido tibia. No hay un partido que se haga una autocrítica, que reconozca sus fallas, ya no decir uno que se comprometa a modificar el estado actual con acciones concretas, propuestas surgidas con el propio movimiento que los “intelectuales” de los programas de televisa desconocen:
Candidaturas ciudadanas, eliminación de plurinominales, transparencia total en la asignación y manejo de los recursos de los Partidos, segunda vuelta con nuevos candidatos si el abstencionismo y anulación son superiores al 40% del padrón electoral, refrendo de licencia sólo a los partidos que obtengan como mínimo el 5% del padrón electoral en cada elección, disminuir los tiempos de campañas electorales a 1 mes, refrendo bi-anual al fuero, prohibición a todo tipo de coaliciones, inhabilitación permanente a funcionarios corruptos, auditorias anuales a todas las instancias de gobierno realizadas por la UNAM, UAM, IPN e instituciones educativas de prestigio. Obligatoriedad para reportar y publicar a los familiares y amigos de altos funcionarios que laboren en el gobierno, congelar sueldos, bonos y todo tipo de prestaciones de las altas burocracias (incluyendo magistrados) por los próximos 3 años. Planes de Gobierno con objetivos medibles en porcentajes y en intervalos semestrales, seguimiento semestral a las promesas de campaña por parte de comités ciudadanos, eliminación de la Partida Secreta, que ONG´s e instituciones educativas evalúen las decisiones controversiales de los altos magistrado, trasparencia total en la asignación y de recursos a los Sindicatos de las empresas del Estado, PEMEX, IMSS, SME, SEP, ISSSTE, reducción de la Cámara de senadores a uno por Estado.
Y muy especialmente que desaparezcan los inútiles “partidos chicos”, comodines y sanguijuelas del erario público, cuna o refugio de políticos mediocres y advenedizos.
Es necesario un cambio estructural. Pero no solamente se trata de romper el monopolio de los partidos, sino de la forma de gobernar, la democracia es más que votar por un Partido. El concepto implica la participación activa de la sociedad para generar progreso común, no solamente para sufragar “por el menos peor”.
Hermosillo. Cuarenta y cuatro niños fallecidos. Ningún responsable. Los apellidos y los parentescos se imponen. La justicia es un ente que no ha pasado por Sonora.
Y sin embargo, se mueve.
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